Esta es la conclusión a la que se puede llegar tras la lectura del reciente estudio de la Electronic Frontier Foundation, que es la principal organización estadounidense sin ánimo de lucro para la defensa de las libertades civiles en el mundo digital. En su informe anual, la EFF analiza las políticas de privacidad de los principales proveedores de servicio y sus prácticas de transparencia respecto de las solicitudes de acceso a los datos personales de los usuarios por parte de organismos gubernamentales.
Calificándolas con un sistema de estrellas, los criterios evaluados fueron:
- Si exigen orden judicial antes de facilitar la información de los usuarios al gobierno.
- Si en sus condiciones recogen un deber de información a sus usuarios en caso de que el gobierno acceda a sus datos, salvo obviamente en casos protegidos por la ley.
- Si publican informes de transparencia, con datos útiles tales como cuántas veces consultó el gobierno sus datos.
- Si sus políticas para facilitar información son públicas para los usuarios, de forma que antes de usar el servicio se sea consciente de ellas.
- Si luchan por la privacidad de sus usuarios incluso judicialmente, premiando a las empresas que proclamen haber resistido las exigencias gubernamentales excesivamente amplias.
- Si se oponen públicamente a la vigilancia masiva de los usuarios, algo que es muy valorado en EEUU tras el escándalo destapado por Edward Snowden.
Destacan en general que debido a la polémica por el espionaje masivo de la NSA durante este año casi todas las empresas han mejorado sus políticas, de forma que si el año pasado sólo 2 empresas lograban la máxima puntuación (Sonic y Twitter), en el año 2014 han sido 9 empresas con la máxima puntuación (Apple, CREDO Mobile, Dropbox, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, Sonic y Twitter) y 6 de ellas se han quedado a las puertas del galardón (LinkedIn, Pinterest, SpiderOak, Tumblr, Wickr y WordPress) por no haber planteado litigios públicos en defensa de sus usuarios. En el otro extremo del informe Snapchat se encuentra entre las empresas que peor protegen la privacidad de sus usuarios, pues no requiere de órdenes judiciales para facilitar los datos de sus usuarios al gobierno de los EEUU.
