Nuevo capítulo en la polémica que enfrenta a la multinacional Google y el derecho a la protección de datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Son varias las autoridades de control en la materia que han examinado el cambio en las políticas de privacidad que realizó la compañía el pasado año 2012, cuando decidió unificar las políticas de más de 60 servicios diferentes, y han determinado que dicha decisión supone una vulneración del citado derecho, pues los usuarios no conocen qué datos personales son recabados, la finalidad para la que se recaban, si esos datos se combinan entre los distintos servicios y por cuánto tiempo se conservan los datos. Además Google obstaculiza el ejercicio de los derechos proclamados en la normativa.

La Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL), autoridad competente en Francia, ha llegado a la misma conclusión que sus homólogos en España, Alemania y otros países de la Unión, sancionando a Google con una multa de 150.000 euros, el máximo que dicho organismo puede exigir por una vulneración en su normativa.

Esta sanción es similar a la ya impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre de 2013, pero en este caso la multa fue de 900.000 euros. Sin embargo, no se puede obviar que la compañía de Mountain View tiene beneficios millonarios por sus servicios, que en el año 2012 ascendieron a más de 10.000 millones de dólares, por lo que en la práctica la vulneración supone un coste mínimo para la compañía y por tanto no consigue el efecto disuasorio que en principio persiguen este tipo de sanciones.

La novedad en esta ocasión es que además de la sanción, la autoridad francesa obligaba a Google a publicar en su buscador local francés, www.google.fr, un mensaje que advirtiese a sus usuarios de la imposición de la misma. Esta publicación debía ser efectiva en un plazo de 8 días, y mantener dicho mensaje al menos 48 horas.

De poco han servido los intentos de la multinacional para impedir dicha publicación: el pasado viernes el Consejo de Estado francés determinó que no había motivos suficientes para no cumplir con esta obligación, por lo que finalmente la empresa ha claudicado y ha publicado el siguiente mensaje en la portada de su buscador local:

Sin embargo, un portavoz de Google ha sentenciado diciendo: “…acataremos la orden de colgar el aviso, pero también seguiremos con nuestra apelación ante el Consejo de Estado”. La polémica continúa.